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lunes, 4 de diciembre de 2017

Martes, 5 de diciembre. "EL DESGUACE DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

La opinión por Juan Miguel Fernández, funcionario jubilado.

EL DESGUACE DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El sistema español de pensiones se apoya en una legislación específica que encierra y protege un modelo de seguridad social basado en el sistema de reparto, es decir un sistema en el que las pensiones de los trabajadores jubilados se financia principalmente con cotizaciones de los trabajadores activos. Todo un sistema legal e institucional que, reflejo de la unidad de la clase obrera de todo el estado, protege la unidad de la caja única. Es un sistema legal específico con características que le han dado una solidez cuestionada en la actualidad desde distintos ángulos.

Entre esas características que marcan el carácter de clase de nuestra Seguridad Social destacan aquellas que facultan a los sindicatos a participar en su control, a nivel de empresa y en la dirección. Los representantes sindicales tienen derecho a conocer la información detallada sobre el ingreso de las cotizaciones sociales por parte del empresario, la relación nominal de los trabajadores y el boletín de cotización, las horas extras realizadas y su cotización. Así mismo, en la cúspide de esas instituciones, en el Consejo General, por derecho propio, hay representantes de los sindicatos (un tercio) con capacidad de control y vigilancia de la gestión.

Una segunda característica es que su patrimonio, formado por todos los recursos, bienes y derechos, constituye un patrimonio único afecto a sus fines y distinto del patrimonio del Estado. Sus bienes inmuebles deben estar inscritos en el registro de propiedad a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sus presupuestos no están sometidos a la regla de gasto y son ampliables en todo lo necesario para atender el derecho a las prestaciones.

Esta articulación se encuentra amenazada por la encarnizada lucha del capital financiero por reducir el coste del trabajo, lo que lleva al gobierno a resquebrajar el sistema. Es más, la aceptación de sus premisas conduce a las direcciones del movimiento obrero a proponer líneas de desmembración del sistema de Seguridad Social. Véase la propuesta de financiar con impuestos las prestaciones de viudedad y orfandad, o la asunción por parte del estado de los gastos de administración de la Seguridad Social, o las propuestas de cambio del modelo actual de Seguridad Social por otro que dé entrada a la financiación por impuestos finalistas.

Un caso especial de desguace de la Seguridad Social lo constituyen las propuestas que merodean en el Pacto de Toledo sobre el traspaso de inmuebles de la Seguridad Social a la Administración General del Estado.

Así los dirigentes el PDeCAT plantean en el Pacto de Toledo lo siguiente:
"Que se liquiden definitivamente las deudas existentes entre la Seguridad Social y el Estado (...) permitiendo a las Administraciones titulares de la gestión adquirir la plena titularidad dominical de los establecimientos donde se ubican los servicios de referencia".
El enigma lo aclara el Informe del gobierno sobre el desarrollo del Pacto de Toledo 2011 – 2015, cuando informa de la existencia de unos préstamos desde el Presupuesto del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, por un total de 17.168,65 millones de euros, que debió haberse registrados como simples aportaciones o transferencias. Al registrarlos como préstamos lo que se hacía era trasladar los problemas de déficit del Presupuesto del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social. Así lo reconoce el propio informe del gobierno justificando esta financiación mediante préstamos: "probablemente para no incrementar el déficit de estado, se estableció vía préstamos en lugar de instrumentar las transferencias necesarias". Se trata de deudas falsas, pero que ahora se quieren cobrar a costa de bienes que forman parte del patrimonio de la Seguridad Social.

Y para que se liquiden estas falsas deudas de la Seguridad Social con Estado el gobierno dice: "La resolución de los problemas de contabilidad derivados de los préstamos (...) podría resolverse (...) permitiendo a las Administraciones titulares de la gestión adquirir la plena titularidad dominical de los establecimientos donde se ubican los establecimientos de referencia". Los establecimientos de referencia son los establecimientos sanitarios (los hospitales, ambulatorios centros de salud, etc.) y establecimientos de los servicios sociales en uso por las Comunidades Autónomas y cuya adquisición fue financiada con cotizaciones sociales.

Como en el último año el gobierno del PP ha vuelto a utilizar esta táctica fraudulenta, iniciada por el gobierno socialista en los años 90, la presión por utilizar los inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social para tapar los déficits crónicos de los presupuestos del Estado o las Comunidades Autónomas se incrementará. Proceder totalmente ilegal, pues el destino de ese patrimonio propio debe afectarse exclusivamente a los fines propios de la Seguridad Social, por ejemplo ser soporte financiero de las pensiones.
Si la movilización sindical no lo remedia, estamos ante otro capítulo del desguace de la Seguridad Social, el saqueo de un valioso patrimonio inmobiliario que puede ser soporte de parte de sus necesidades financieras.


Nota: La Opinión es un espacio de Radio Rebelde Republicana abierto y plural, en el cual una serie de colaboradoras/es dejan su opinión respecto algunos temas, que no siempre tienen por qué estar en la línea editorial de nuestra emisora.